CRISIS O AYUNTAMIENTOS MAL GESTIONADOS

Desde hace unos meses venimos conociendo el mal estado de distintas haciendas municipales, supuestamente motivado por la crisis económica, y cuyo coste se ha trasladado o se ha querido trasladar a los trabajadores de cada entidad por la vía de la congelación o reducción de salarios, los expedientes de regulación de empleo (ERE) o la realización de horas extraordinarias de forma gratuita. Pero la realidad es que, como hace pocas semanas manifestaba el presidente Rivero en el Parlamento de Canarias, los municipios canarios no dejan de ser los mejor financiados de toda España. Y no le faltaba razón.

Es cierto que los municipios españoles arrastran un déficit financiero que entronca con sus demandas históricas al considerar insuficientes los mecanismos previstos en la Ley de Haciendas Locales (cuyo primer texto se aprobó en 1988) para subvenir las necesidades de la Administración Local. No obstante, los municipios canarios gozan de unos instrumentos de financiación aparentemente mejores y más dotados que antaño y que el resto de los ayuntamientos españoles. La equiparación con los municipios peninsulares en la participación en los tributos indirectos del Estado, desde 2000, supuso que los consistorios canarios comenzaran a percibir casi el doble de la financiación que venían recibiendo y la creación en 1999 del Fondo Canario de Financiación Municipal triplicó la cuantía del extinto Fondo de Saneamiento (creado en 1993), que ascenderá en 2009 a más 228 millones de euros. Conviene advertir que el Fondo se revisa anualmente de conformidad con el índice (PIB o IPC) que experimente mayor crecimiento, lo que ha permitido salvar su cuantía de los efectos de la crisis, amén de posibilitar el conocimiento periódico de la salud financiera de los ayuntamientos.

Además, los municipios de las islas han mantenido los ingresos provenientes de las figuras impositivas del Régimen Económico-Fiscal (REF) de Canarias: IGIC, AIEM e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes (éste una suerte de híbrido) y, por supuesto, han podido actuar sobre el sistema tributario local, en el que destacan, por ser la fuente de ingresos más importante, los impuestos: IBI e ICIO, fundamentalmente, sobre los que, por su escasa corresponsabilidad fiscal, los ayuntamientos se han resistido a agotar la capacidad recaudatoria que les permite la legislación. Hoy, incluso, habrá que sumar un coyuntural Fondo Estatal de Inversión Local.

En consecuencia, este escenario dibujaba para las haciendas locales canarias un panorama bastante aleccionador, sobre todo si se sabía gestionar con la eficacia y la eficiencia exigida a una corporación de derecho público. Por ello, las razones de esta aparente “quiebra” municipal, sin desmerecer las derivadas de la crisis, habrá que buscarlas en la gestión municipal, en especial en la insistencia de los gobiernos locales en prestar una serie de servicios que exceden de sus estrictas competencias, bien por la propia demanda de los ciudadanos, bien porque la Administración competente los presta de manera insuficiente o bien por razones estrictamente propagandísticas de la autoridad de turno (servicios educativos, de empleo, culturales, sociales, deportivos, etc.).

Resulta obvio que esta tendencia, como la “política” de la subvención interesada o del contrato laboral innecesario, acrecienta el déficit financiero que vienen soportando las Corporaciones locales, aparte de las lógicas duplicidades que en ocasiones se generan. De ahí que, pese a que la Administración Local gestiona poco más del 15% de los recursos públicos, disponga de una plantilla que supera el 23% del conjunto de los empleados de este sector, entre los que se incluyen importantes colectivos de trabajadores seleccionados al margen de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. A todo ello, habrá que añadir, en fin, el casi nulo interés por mancomunar o consorciar servicios públicos en las distintas comarcas, con lo que esto significa de reducción de costes, sobre todo en algunas islas quizás con excesivo número de municipios, como La Palma.

A la Comunidad Autónoma podemos pedirle que prorratee o condone la devolución de los recursos del REF cobrados de más, o que fomente la prestación de servicios públicos por mancomunidades o consorcios o que dote aquellas competencias o funciones atribuidas a los municipios por legislación sectorial. Y al Estado que revise el actual modelo de financiación local, bien al alza, bien adoptando medidas que permitan compensar la pérdida de ingresos que ha significado la práctica desaparición del IAE u otras como el traspaso de toda la responsabilidad en la gestión del IBI, una configuración impositiva más personal (nivel de renta) y menos real o la introducción de la participación directa, por ejemplo, en el impuesto de matriculación o en el que grava los hidrocarburos. Ahora bien, todas estas reivindicaciones carecerán del más mínimo fundamento si la gestión económica de muchos de nuestros ayuntamientos sigue siendo igual de errática e irresponsable.