EL ASOCIACIONISMO MUNICIPAL, UNA OPORTUNIDAD

El desarrollo local-rural es un proceso reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local que mediante el aprovechamiento de los recursos endógenos existentes en una determinada zona o espacio físico es capaz de estimular y fomentar su crecimiento económico, crear empleo, renta y riqueza y, sobre todo, mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la comunidad local (Pérez Ramírez). Ahora bien, la planificación e implementtación de las políticas de desarrollo local/rural exige actuar sobre territorios “coherentes” y con una masa crítica de territorio, población y actividad económica suficiente para poder articular propuestas viables con virtualidad transformadora y renovadora. Pretender poner en práctica estos procesos en localidades muy pequeñas o carentes de recursos, donde ya es prácticamente imposible prestar todos los servicios públicos obligatorios, resulta sencillamente inviable. Por tanto, para que se produzca desarrollo endógeno es imprescindible la existencia de población local suficiente sobre la que asentarlo y con la que mantenerlo (y con el suficiente arraigo). Los GAL (Grupos de Acción Local promotores de los proyectos LEADER, nada parecido al terrorismo de estado), por ejemplo, han tenido problemas para articular su comarcalización por población insuficiente. En el mismo sentido, las Corporaciones Locales, que juegan un papel decisivo en el desarrollo local, interviniendo en la economía con una finalidad incentivadora y de liderazgo comunitario, dentro de un nuevo concepto de "gobernanza", tienen muy complicado cumplir con esta función cuando los recursos, tanto personales como materiales, son escasos.

La provincia de Zamora, por ejemplo, tiene 249 municipios, de los cuales sólo tres superan los 5.000 habitantes; la Comunidad Autónoma Canaria “solo” 88. En general, en España, un 86% de los municipios no alcanzan los 5.000 habitantes, pero en Canarias, el número de municipios que superan los 10.000 habitantes, es de 38, lo que representa el 43,7% (poco más del 25% no alcanzan los 5.000 habitantes). Pese a este panorama, debemos precisar que la mayor parte de la población española vive, no obstante, en las ciudades, por lo que podemos decir, con Rodríguez Álvarez que “España es un país demográficamente urbano en un territorio fuertemente ruralizado”. Un 35% de la población española puede considerarse como rural, pero nada menos que el 96,6% de las entidades de población tienen una morfología y funcionalidad netamente rural (donde vive apenas el 24,4% de la población).

Canarias, con un municipio de 18.500 habitantes de media, dispone de una de las más potentes plantas municipales para acometer este tipo de desarrollo. Sin embargo, esto no puede significar que, siendo conscientes del fracaso de las políticas de reducción de municipios (la mayor parte, en realidad, desaparecerán por leyes naturales), no deban promoverse, en especial en el mundo rural, entidades de carácter asociativo para conseguir los espacios precisos que faciliten la institucionalización de las políticas de desarrollo local, y estas son, entre otras, las mancomunidades de municipios (casi desconocidas en La Palma, por ejemplo) y los consorcios, estos últimos, con la peculiaridad de poder mancomunar diferentes niveles de la Administración, además de entidades privadas sin ánimo de lucro. La realidad nos impone superar las lógicas amenazas que ralentizan este proceso, esto es: pérdida de parcelas de poder, concurrencia de distintas fuerzas políticas, existencia de dos o más núcleos de población importantes, etc.

Por consiguiente, resulta necesario que los ciudadanos y los regidores municipales aprehendan que esta política de concentración permite aprovechar mejor los recursos públicos y facilita la prestación de determinados servicios imposibles de otra forma, transmitiendo la idea de que la realidad local, aunque le pese a determinados ediles, es excesivamente reducida. De estos, por una vez, solo esperamos una mayor altura de miras, aunque sea apremiados por la actual situación económica de sus consistorios.