J.J. Rodríguez-Lewis
Publicado en Diario de Avisos, el 5 de septiembre de 2007
La idea de autonomía en Canarias arranca históricamente a finales del siglo XIX y principios del XX, puesto que ni la Junta Suprema de Canarias de La Laguna de 1808 ni la Diputación Provincial desde sus primeros coletazos en 1813 en el contexto de una provincia única fueron instituciones aceptadas pacíficamente por todos los canarios. Además, en ellas tampoco barruntaba ningún sentimiento de autonomismo.
En este contexto, debemos destacar a una personalidad preclara y capital del autonomismo en Canarias, Pedro Pérez Díaz, frecuentemente obviado cuando nos sumergimos en los orígenes de los cabildos insulares, donde su participación fue primordial, y preterido otras veces por la también egregia figura de su hermano Alonso.
Pedro Pérez Díaz, palmero de la Villa de Mazo y letrado del Consejo de Estado hasta su muerte en 1930 durante casi cuarenta años, fue ardiente defensor de una Asamblea regional desde 1906, que habría de compartir protagonismo con los municipios y con la isla, como se ocupó de difundir en periódicos de la época como El Germinal de Santa Cruz de La Palma o El Progreso de Santa Cruz de Tenerife. Estas ideas inspirarían tiempo después el proyecto de Estatuto de Autonomía para Canarias de Gil-Roldán de 1931-36. El ilustre togado palmero era consciente de que Canarias necesitaba más que otra región peninsular de los beneficios de la nacionalidad para desenvolverse y para afianzarse ante Europa y el mundo culto; ahora bien, siempre sobre la base de entender la relación con España como establecida “por la historia y por el corazón”.
En 1908 publicaría “La cuestión regional y la autonomía”, opúsculo elogiado por el ilustre regeneracionista Joaquín Costa y estampa de su pensamiento, donde la autonomía regional ocupa un papel nuclear. Abogaba por la creación de Organismos intermedios entre las islas y el poder central; organización que, no obstante, en ningún caso podía hacer resurgir las viejas soberanías de los antiguos reinos, poniendo en peligro la soberanía del Estado nacional y único. Como apreciamos, un autonomismo imberbe aún, esencialmente administrativo, que intentaba buscar su sitio entre el estado fuertemente centralista impuesto por el sistema de la Restauración y las minoritarias tesis federalistas acalladas por la experiencia frustrante de la I República.
Luego sólo la Mancomunidad Interinsular de Canarias que sustituyó a la mortecina Diputación Provincial en 1925, integrada por los siete Cabildos Insulares, puede considerarse como un antecedente más moderno de órgano de gobierno y representativo de ámbito regional. Ocurre, sin embargo, que así lo fue apenas dos años, ya que en 1927 se produciría la definitiva división provincial. Mientras tanto, nuestras instituciones hoy más tradicionales, recreadas en 1912, los cabildos insulares, habían cogido ya cierta “velocidad de crucero” en todas las islas (el Cabildo Insular de El Hierro, el último en hacerlo, se constituiría en 1925).
Las propuestas regionalistas y autonomistas cobran fuerza nuevamente durante la II República. La lejanía y la fragmentación del territorio, junto con el pleito insular, constituían los pilares en las que se asentaban. De ahí que apareciera un proyecto de Estatuto desde Tenerife, el de Gil-Roldán, y otro, desde Gran Canaria, el de Junco Toral y el Colegio de Agentes Comerciales de Las Palmas, donde encontramos, curiosamente, un precedente de la triple paridad (un Consejo Regional formado por 24 consejeros, a razón de 6 por Tenerife y Gran Canaria, 3 por La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, 2 por La Gomera y 1 por El Hierro). Aspiraciones que, sin embargo, trunca definitivamente el inicio de la Guerra civil.
En este periodo, es Alonso Pérez Díaz, correligionario de Ramón Gil-Roldán, uno de los principales adalides del Estatuto canario, incidiendo sobre todo en la independencia económica y administrativa de las islas menores. No obstante, como su hermano, se trataba de un autonomismo absolutamente respetuoso con la españolidad de Canarias, muy alejado de las posiciones federalistas y especialmente centrado en el robustecimiento de la Ley de Cabildos de 1912.
Finalmente, tras las primeras elecciones democráticas de 15 de junio de 1977, se comenzó a elaborar la actual Constitución, en la que se intentaron plasmar con el mayor acierto posible las reivindicaciones autonomistas que se habían extendido por gran parte de España. Sin embargo, el primer Gobierno ucedista no estimó conveniente esperar a su promulgación y, desde septiembre de 1977, se instauraron una serie de regímenes provisionales de Autonomía. El régimen preautonómico de Canarias, aprobado por Real Decreto-Ley de 17 de marzo de 1978, se institucionalizó a través de la Junta de Canarias, como máximo órgano de gobierno, y fue consecuencia de la laboriosa tarea encomendada a la Asamblea de Parlamentarios, constituida en Santa Cruz de Tenerife en noviembre de 1977. La Junta de Canarias se constituyó finalmente en el Parador de Turismo de las Cañadas del Teide el 14 de abril de 1978.
La Asamblea constituyente del órgano preautonómico sólo la integraban 30 representantes entre diputados, senadores y presidentes de Cabildos. Entre ellos, se encontraba el senador palmero por la UCD Acenk Galván González, luego vocal del Consejo Permanente y secretario del Pleno. Galván fue acaso uno de los más importantes paladines de la triple paridad, criterio territorial que favoreció el consenso estatutario.
En este periodo también jugaron un importante papel otros políticos palmeros, como Juan Alberto Martín Martín, portavoz del PSC-PSOE en la Junta de Canarias y luego vicepresidente del gobierno, que, aparte de participar en los anteproyectos de Estatuto auspiciados por el PSOE, denunciaba como un martillo pilón los constantes retrasos en la elaboración de la Propuesta estatutaria y su posterior tramitación en las Cortes, o Juan-Julio Fernández Rodríguez, diputado también de la UCD que intervino eficazmente en el debate en el Congreso de la norma institucional básica de Canarias, como asimismo lo hizo Acenk Galván en el Senado.
De estos referentes, entre otros, bebió el actual Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado en 1996, que el pasado 10 de agosto cumplió 25 años. Es de justicia rememorarlos.
Interesante artículo sobre la aportación de estos ilustres personajes palmeros en el devenir de la historia de Canarias. Se va haciendo justicia a la memoria de Pedro Pérez Díaz y mucho se debe al autor de este blog por la divulgación de su figura y obra.
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