sábado, 7 de noviembre de 2009

SIN INTERÉS POR CAMBIAR LAS COSAS

A propósito de un artículo de Alberto Palomar

Leía estos días un comentario de opinión del profesor Palomar Olmeda en un diario de ámbito nacional, ABC, para más señas. Alberto Palomar -para quiénes no lo conozcan- es un sesudo administrativista experto en función pública, entre otras materias (como derecho del deporte, por ejemplo). El amigo Alberto (por las tantas Jornadas de Administración Local que hemos compartido en La Palma) sostenía en dicho artículo que la situación de crisis en las Administraciones Públicas, particularmente, en las locales, no tenía sólo una solución en el plano político, sino que era necesario replantearse el propio modelo y “refundar” algunos de sus elementos básicos.

Entre esos elementos de base, Palomar citaba, en primer lugar, la necesidad de construir un modelo de dirección pública, objetiva, responsable y profesional que dotase de consistencia al funcionamiento administrativo. Pero, a decir verdad, la ley actual (esto es, la Ley de Bases de Régimen Local, modificada por la 53/2003) configura un modelo cuando menos responsable y profesional de directivo público en las Entidades Locales. No digo que también objetivo, porque el modelo se sustenta en la libre designación (cohonestado o no con la convocatoria pública exigida para el directivo del Estatuto Básico de 2007), aunque reconozco que la objetividad, como la responsabilidad, será mayor cuanto mayor sea el nivel de profesionalidad del directivo.

Mas qué establece la Ley de Bases de Régimen Local (7/1985, de 2 de abril) sobre los directivos locales en las grandes poblaciones, singularmente sobre los coordinadores y directores generales. La “constitución local” señala que estos habrán de ser funcionarios de carrera, y del grupo A (es decir, licenciados, ingenieros, arquitectos...), salvo que el Pleno permita que, en atención a las características específicas del puesto directivo, su titular pueda no reunir la condición de funcionario; en este caso, los nombramientos habrán de motivarse y efectuarse de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública y privada. ¿Es o no esto un modelo de directivo público responsable y profesional y cuasi objetivo? Otra cosa será cómo abordan estos requisitos muchos grupos de gobierno locales, inclinándose por nombramientos de carácter meramente “político” (en su mal uso, por supuesto), que vulneran la ley, y sin que tampoco la oposición se digne en recurrirlos. Por tanto, la solución, so pena de contradecir al querido profesor, también se sustancia en el plano político.

El asimismo magistrado de lo contencioso-administrativo señala como otro de los elementos básicos a “refundar” la actividad de control interno. Sostiene que la ruptura del sistema de cuerpos nacionales sólo es admisible si hay un nuevo modelo y este es efectivo, de lo contrario, la situación conduciría
a una degradación permanente de la función. La realidad, es que el control interno de las organizaciones públicas se muestra hoy bastante debilitado. Por un lado, las funciones de los cuerpos o habilitados estatales (secretarios, interventores y tesoreros) se han venido aminorando de forma paulatina y, por otro, en la mayoría de los consistorios locales sus plazas están cubiertas por técnicos que las ocupan accidentalmente -en algunos casos incluso por interinos y en otros hasta sin titulación suficiente-, con los que los alcaldes se encuentran más cómodos. Pero este escenario es aún más perverso si comprobamos como entre el personal técnico (y, en general, entre toda la plantilla) de los ayuntamientos, cabildos, consejos y diputaciones abundan los funcionarios interinos y el personal laboral temporal sobre los que, en tantos supuestos, no se conoce procedimiento selectivo alguno o, si se conoce, este ha sido intencionadamente “light”. Personal, en definitiva, con muchos más inconvenientes para respetar los principios de imparcialidad y objetividad que se predican del funcionario público, dado que no dispone de la garantía de la inamovilidad. Y tampoco es la ley la culpable de esto, o al menos en parte no lo es, así que también la solución a esta cuestión reside en el plano político, aunque, en verdad, las cosas podrían ser un poco diferentes con un marco normativo más exigente y un control de legalidad más exhaustivo.

Palomar incluye, en fin, como elementos básicos a “refundar” la actividad de control externo, la pérdida de valor de la actividad presupuestaria (y las disociaciones entre contabilidad pública y nacional) y la utilización de formas instrumentales para la gestión de cuestiones administrativas en sentido estricto. Me limitaré a glosar sólo el último, por no extender demasiado este post. La creación de sociedades mercantiles públicas se ha disparado en los últimos años, por regla general, con el fin de eludir trámites y procedimientos administrativos (de huida del derecho administrativo tacha la doctrina este proceso), que, por cierto, lo único que pretenden es garantizar la objetividad y la igualdad de determinadas decisiones públicas, y, de paso, soslayar los sistemas selectivos de personal de la Administración matriz, sin advertir, en este objetivo, que también las empresas públicas están compelidas a respetar los principios constitucionales de igualdad (y publicidad), mérito y capacidad en el acceso al empleo.

Lo diré al revés que Palomar para que se me entienda. El funcionamiento correcto de las Administraciones Públicas (y sus menores probabilidades de corromperse) no es sólo responsabilidad de su marco normativo de actuación, sino, y en especial, de quienes las dirigen en el plano político, porque, en muchos casos, aquel escenario les trae al pairo (o al menos lo parece). Saludos.

3 comentarios:

  1. Así.....MOJÁNDOTE....Olé tus huevos por contar lo que todos pensamos y nos nos atrevemos a decir.

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  2. ¡Cuánta razón tienes! No se dan cuenta, además, que renunciar a los mejores compromete el futuro de la isla. Un abrazo

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  3. Que buen post, y cuanta razón tiene todo lo que dices. Que es una pena, una vergüenza y una irrepsonsabilidad absoluta que las cosas funciones así. Pero es lo que de momento tenemos. Es lo que hemos elegido y ahora nos queda esperar a que un buen día se pueda cambiar este equivocado y disparatado modelo de gestión pública. Cosa que no se si será posible ya a estas alturas.

    Cada vez que observo o me paro a analizar como funcionan las cosas en esta Isla, que es lo que mejor conozco, me horrorizo y se me genera un sentimiento de repulsión absoluta con respecto a la forma de hacer política. He podido comprobar como dices en el post, que los Alcaldes, prefieren técnicos y personal con la cualificación mínima(a veces ni eso) y mejor todavía si no son muy competentes, porque de lo contrario les complican las cosas. Pero ya ni que decir tiene, el hecho de que sea buen profesional, cualificado y que no se deje llevar por las ideas y "pateletas" del dirigente de turno. Por muy buen que sea para el desempeño de su trabajo no vale, porque no se puede manejar.

    Este tema daría para tanto...Es que es todo tan subrealista!!! Me hace gracia, por no decir otra cosa, cuando se pone el santo en el cielo por cuestiones de corrupción, referidas a aspectos materiales, que tan de moda está ahora. Obviamente está mal hecho y debe penalizarse. Pero, no es corrupción (y de la mala, mala) cerrarles a puertas a personas preparadas por no compartir la ideología del partido que gobierna? No es corrupción manipular y engañar al ciudadano? No es corrupción los sueldos que tienen los alcaldes y alcaldesa (que casi nada ésta última lo que se embolsa al año)de esta Isla? No es corrupción no utlizar de forma objetiva los recursos de los que se dispone y basarse en los principios de igualdad de oportunidades? No sé, es que en realidad lo que veo y a veces pienso es que la política en sí es pura corrupción.

    Ojalá JJ, algún día podamos ver en la segunda planta del cabildo y en los despachos de los Ayuntamientos personas que defiendan y desarrollen un modelo como al que haces referencia en el post.

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