En los últimos años, el conjunto de las administraciones públicas (en especial, de las comunidades autónomas y entidades locales) ha experimentado un crecimiento desordenado y desmesurado. En Canarias, por ejemplo, el proceso de transferencias de competencias a los cabildos insulares no ha servido –sorprendentemente- para reducir de forma racional el tamaño de la Administración de la Comunidad Autónoma. Es más, esta inflación ha generado costes inútiles y confusión en los ciudadanos, resultando por ello imprescindible acometer una revisión completa de la estructura orgánica de la Administración canaria.
La Administración común (o única) responde a la voluntad de articular adecuadamente los distintos niveles territoriales –estatal, autonómico y local- de ejercicio de poder y de prestación de servicios. Su pretensión no es otra que racionalizar el modelo administrativo con el fin de evitar duplicidades, reducir gastos, clarificar las responsabilidades de cada Administración y facilitar las relaciones con los ciudadanos. En esta dirección, la extensión y complejidad organizativa de la Administración canaria debe ser la estrictamente necesaria a los objetivos que debe cumplir, ni más ni menos.
En el año 2000 proponíamos en un trabajo* una serie de medidas en este sentido: reducir el número de consejerías, viceconsejerías y direcciones generales; suprimir organismos públicos superfluos y sociedades públicas que hayan cumplido sus objetivos o resulten poco eficaces; desarrollar la Ley de Sedes, sin duplicar centros directivos ni servicios; redistribuir las funciones intradepartamentales; crear la Dirección General de Análisis y Planificación estratégica en lugar de tantos asesores y comisionados o la de Organización y Calidad en sustitución de la Inspección General de Servicios; disminuir el número de órganos colegiados interdepartamentales y revisar los de participación; convertir a los cabildos insulares en la administración periférica de la Comunidad Autónoma; reducir los trámites y mejorar la información de los procedimientos; planificar y redistribuir funcional y territorialmente a los empleados públicos, implementar políticas encaminadas a aumentar la motivación, la formación, el rendimiento y la responsabilidad de éstos y facilitar la selección y contratación temporal en detrimento de tantas contrataciones administrativas o por empresas públicas, que desembocaban en una torticera entrada en la Administración.
Estamos en el 2010. Han pasado diez años. Y lo que era una carrera de fondo está a punto de convertirse en una de doscientos metros.
* Publicado en el nº 6 de Actualidad Administrativa, correspondiente a la Semana del 7 al 13 de febrero de 2000.
Al final a los políticos no les interesa una Administración racional y moderna.
ResponderEliminarEstoy totalmente de acuerdo con Oscar, es más debo decir que las formas que algunos politicos tienen de introducir de alguna manera a personas afines a su partido, es a traves de estas empresas y otras artes, lo cual está dañando verdaderamente la credibilidad en la profesionalidad de la Admón. Local en este caso. En lo que se refiere a la eficacia en los trámites para el ciudadano, queda de manifiesto que en este aspecto, la necesidad de una mayor simplicidad es imperiosa, y este es un tema que ha mi juicio se ha complicado adrede, y no se con que fines...
ResponderEliminarNi que decir tiene la creación de puestos de trabajo que se reparten familias enteras, amiguetes de turno y demás estómagos agradecidos cuya entrada en la administración local se hace de forma fraudulenta amañando pruebas y otras lindezas por el estilo.Y quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra JJ
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