REINVENTAR LA ADMINISTRACIÓN

La actual crisis económica no ha hecho más que publicitar lo que ya antes era un secreto a voces. Hoy la estructura de la Administración Pública, o del sector público en general, no se sostiene, su crecimiento en las últimas décadas ha sido disparatado en cantidad, pecando de una suerte de grave elefantiasis, y en calidad, al pergeñarse en parte desde cierto clientelismo en el reclutamiento y desde formas obsoletas de gestión pública. Se impone, en consecuencia, ahora incluso por razones de estricta supervivencia, una apuesta decidida por la "gobernanza", por la modernización de las estructuras y de los procedimientos, con la que se persiga no solo una gestión eficaz, sino también eficiente, es decir, que la consecución de objetivos (cuando se obtienen, porque ese es otro cantar), no justifique un derroche del gasto, un uso incontrolado de los recursos públicos. Por esto, resulta asimismo muy importante implantar, en todos los niveles de la gestión pública, una verdadera Administración por objetivos (no sólo en el nivel virtual presupuestario), en la que las políticas públicas que se implementen, además de ser planificadas, sean necesariamente evaluadas, a fin de poder racionalizar el gasto y reorientar el esfuerzo del sector público en la dirección adecuada.

En este marco, es absolutamente necesario que se generalicen las fórmulas asociativas en la prestación de servicios públicos. Esto exige también medidas de fomento del Estado, de la Comunidad Autónoma, que se resiste a incluirlas en las previsiones de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, y de los propios cabildos. Las entidades locales no pueden sostener en la actualidad el enorme catálogo de competencias que ejercen, muchas de ellas de forma voluntaria (impropias), si no dejan de lado el prurito de aparentes pérdidas de poder y convergen en desarrollarlas a través de entidades supralocales, como son las mancomunidades y los consorcios. Pero estos entes públicos deben, en realidad, crearse para "adelgazar" la Administración y para reducir sus costes, creando economías de escala, no para seguir "engordándola" en beneficio de una equivocada y sectaria política de personal. Lo mismo ocurre con la externalización de servicios o con su descentralización funcional (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), que habrán de acometerse sin generalizaciones improcedentes, con la seguridad del ahorro, y sin merma alguna de la calidad en la prestación de un servicio público, que debe seguir funcionando como tal.

La adaptación a este entorno exige procedimientos más simples y baratos, pero teniendo cuidado con que no se menoscaben los principios de la buena administración. La implantación de la Administración electrónica es una prioridad, porque facilita la relación con el ciudadano y con el emprendedor y porque posibilita una gestión bastante menos gravosa para los entes públicos en gasto corriente y en burocracia. Y, como corolario, todavía pueden ser operativas las cartas de servicios, como garantía para el administrado, combinadas acaso con la figura del defensor del ciudadano o de la Comisión de Quejas y Sugerencias, de existencia preceptiva en las grandes poblaciones.

La nueva gestión pública también requiere de procesos de optimización de recursos humanos, tanto de la plantilla actual como de la futura. Lo único que se necesita es que se dé carta de naturaleza a las pretensiones del propio Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, que las Administraciones dimensionen de forma adecuada sus efectivos, los distribuyan mejor, los formen y los promocionen convenientemente, profesionalizando (incluso con personal propio), si es necesario, algunos ámbitos de decisión.

En todo ello, por supuesto, juegan un papel decisivo los servicios de gestión económico-financiera y presupuestaria. En este aspecto, es necesario contar con los mejores profesionales posibles, que contribuyan a desarrollar eficientemente el proceso de modernización y de buen gobierno que requiere la nueva Administración. Presupuestos por objetivos, contabilidad analítica, indicadores de gestión, etc., son instrumentos que, preparados y desarrollados por este personal cualificado, caminan en esta dirección.

Finalmente, las Administraciones Públicas deben abrirse de verdad a la participación ciudadana. Los políticos no pueden considerarse como una casta superior, situados un escalón por encima del común, y ver con desconfianza, o incluso con menosprecio, las propuestas que llegan desde la ciudadanía. Hoy no se entiende la gestión municipal sin escuchar a los vecinos, sin promover su implicación, tanto directamente (derecho de petición, iniciativas populares, etc.) como a través de fórmulas colegiadas de índole sectorial o territorial (como los consejos de barrio).

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