jueves, 5 de octubre de 2000

POLÍTICA VERDE


J.J. Rodríguez-Lewis
Publicado en La Voz, nº 114, del 21 de septiembre al 5 de octubre de 2000

El tópico extensible a la población de lograr un desarrollo sostenible, cuando la sociedad mantiene entre sus prioridades el crecimiento económico y un mayor consumo sin reparar en los daños medioambientales que degradan nuestro medio natural, obliga a realizar grandes esfuerzos para hacer llegar a los ciudadanos una auténtica doctrina de desarrollo donde prevalezcan prácticas no destructivas de nuestro entorno, quizás de los más frágiles por su insularidad y su reducido tamaño. Por ello, acaso sea el fomento del debate social una de las necesidades más importantes, especialmente en torno al desarrollo sostenible y su influencia en nuestra calidad de vida. Nuestro compromiso es el resultado del convencimiento de que tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras que consiste en dejar una isla mejor de la que tenemos: una isla en la que el medio ambiente de calidad constituya un activo, un atractivo añadido, para la inversión y residencia de personas, industrias e instalaciones del más diverso tipo.
En este orden de cosas, la política que diseñe el Cabildo Insular adquiere una importancia manifiesta como órgano de gobierno y administración insular, más si cabe teniendo en cuenta que recientemente es el titular mayoritario de las competencias en esta materia, que ejerce por delegación de la Comunidad Autónoma (Decreto 161/1997).

Se ha de abogar por introducir en el lenguaje político en torno a la isla términos tales como “ecobalance” e internalización de los costes ambientales, con el propósito de que se tengan en cuenta a la hora de realizar actuaciones sobre el territorio las repercusiones que pudieran derivarse sobre el medio ambiente y social (agua, extracción de áridos, masificación, etc). Aplicación del principio contaminador-pagador.

Al tiempo, se debe potenciar la agricultura ecológica como mecanismo para preservar el suelo, el paisaje de medianías y la calidad ambiental, favorenciendo la imagen exterior de una Isla Verde, como atractivo turístico. Asimismo, hemos de contribuir a reflejar que la comunidad biótica, el medio natural y los recursos naturales tienen valor en sí mismos, y que el medio ambiente es un componente más de la sociedad del bienestar y de la calidad de vida. En esta dirección, se han de apoyar las nuevas tecnologías, menos lesivas y más limpias, como mecanismos para preservar el medio ambiente.

Desde el Cabildo Insular y desde los Ayuntamientos se deben llevar a cabo programas y campañas que favorezcan el debido cuidado del medio ambiente urbano en cuanto a la relación entre calidad ambiental y salud, el ruido, la contaminación atmosférica, la limpieza viaria, el ahorro del agua, etc. En esta línea, se ha de promover el uso del transporte público como mecanismo para mejorar nuestra salud, entre otras razones.

Habrá que ocuparse de poner en marcha una gestión racional de los Espacios Naturales de La Palma, puesto que éstos no son precisamente lugares en los que determinadas prácticas están prohibidas, sino que, por el contrario, son la principal riqueza de la isla. Por ello, debe realizarse una explotación turística racional de los mismos, que generaría empleo e importantes ingresos y coadyuvaría a preservarlos, al mejorar su control. Asimismo, debemos buscar soluciones para que las poblaciones que viven dentro de los espacios naturales y aquellas que los circundan se beneficien claramente del Espacio (de sus productos naturales, del turismo rural). En definitiva, que cada área protegida tenga su plan de gestión, siempre consensuado entre administraciones y propietarios privados.

El Cabildo Insular debe promover la optimización de los recursos hídricos de la isla, contribuyendo con una política de ahorro para el agua, tanto de uso agrícola como doméstica. Paralelamente, ha de velar porque a las estaciones depuradoras de aguas residuales se les dé un uso adecuado a su naturaleza, puesto que no debemos obviar que no fueron construidas para cumplimentar las leyes, sino para propiciar la reutilización de las aguas de riego, de importancia capital en una isla agrícola como la nuestra. En este sentido, deberá firmarse un convenio con la Universidad de La Laguna par poner en marcha estos programas de reutilización, aprovechando los medios y la experiencia de la Universidad.

En el mismo sentido, se impone la realización de programas y campañas que fomenten el ahorro de la energía convencional y su sustitución por energías alternativas y renovables, como la energía solar térmica, que permite tener agua caliente todo el año, la energía solar fotovoltaica, que proporciona toda la potencia que nuestros electrodomésticos demandan, o la energía eólica.

Por otro lado, se han de realizar todas las infraestructuras previstas en el Plan Integral de Residuos Sólidos sin mayor dilación, poniendo en marcha inmediatamente una gestión profesional desde el Consorcio de Servicios lo más aproximada posible a la separación en origen de los residuos y desarrollando políticas de reducción de residuos, olvidadas en La Palma, pero que han logrado reducir en un 40% las cantidades de residuos domésticos generados en varias ciudades de nuestro entorno.

No podemos obviar, que el Plan Insular de Ordenación de la Isla constituye el eje fundamental de las estrategias de desarrollo y de su articulación territorial. Por ello, su aprobación definitiva debe ser inmediata. El PIO se constituye como principal herramienta para la forma de construir el territorio, facilitando criterios de actuación y sirviendo de este modo de marco de obligada referencia para los desarrollos locales del territorio. El PIO establece una serie de directrices para las futuras transformaciones del territorio, esquemas de ordenación territorial para el suelo rústico, las actividades económicas, las residenciales y el medio ambiente.

Programas de tratamiento silvícola integral que contemple la explotación o no de nuestros montes, renovando las áreas explotadas con especies autóctonas y permitiendo la supervivencia de los aserraderos insulares y, al tiempo, un aprovechamiento de la biomasa, y de educación ambiental, especialmente desde los colegios, apostando por mejorar la información pública y concienciar a los ciudadanos respecto del valor del medio ambiente, no sólo en el medio rural, sino también en el urbano, completarían una interesante y lógica “política verde” en La Palma.

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