UN HOGAR PARA TODOS

J.J. Rodríguez-Lewis
Publicado en La Voz nº 115, 5-19 de octubre de 2000

Explica el Consejo Económico y Social, que, en todo caso, y a pesar de todas las actuaciones realizadas, parece que la oferta actual no puede cubrir la demanda existente en Canarias de viviendas. Este hecho, se ve, además, agravado por el constante y notable incremento de los precios de las viviendas en alquiler. A esta situación, habrá que añadir además el problema de los “sin techo”. No obstante, no podemos obviar los aspectos positivos de la política económica del Gobierno, que ha permitido movernos en un contexto de bajada generalizada de los tipos de interés (pese a los últimos “repuntes” en el marco del BCE), abaratándose considerablemente los créditos hipotecarios.

Aunque la Ley 14/90 o “de Cabildos” establece la administración y conservación del parque público de viviendas y la policía de viviendas como competencias transferidas a los Cabildos Insulares, la transferencia aún no se ha hecho efectiva, pese a la aprobación de un Decreto de funciones a transferir en 1988. En este contexto, la participación de los Cabildos en la gestión de la política de vivienda en Canarias no se puede demorar más. Ha de ser inminente la creación de un organismo autónomo o consorcio (Instituto o Consorcio Canario de la Vivienda) que posibilite la intervención directa de los Cabildos Insulares en esta política, favoreciendo un contacto más próximo con los demandantes.

Para Cáritas, tres factores están ampliando el número de los afectados por la carencia de viviendas: a) la salida masiva de enfermos mentales de centros sanitarios; b) la creciente llegada de inmigrantes africanos que huyen de conflictos bélicos en sus países de origen y del estado depauperado de su hábitat; y c) las rupturas familiares. Habría que cuantificar y comprobar la incidencia que tales factores pueden estar teniendo realmente en el crecimiento del número de personas que carecen de vivienda en La Palma.

La Administraciones locales (incluido el Cabildo Insular, pese a no tener competencias directas), deben favorecer el acceso a la propiedad de los palmeros inquilinos de viviendas de protección oficial (promoción pública). Medidas incentivadoras como ayudas o subvenciones, o la promoción de préstamos con ningún o bajo interés, pueden ser sólo algunos de los mecanismos. Mecanismos como éstos, pero referidos a los Ayuntamientos desde el Cabildo, pueden coadyuvar a ampliar la reducida oferta de suelo que existe en La Palma.

 

Por último, vemos con estupor como, cada vez más, en los sucesivos Planes Canarios de Vivienda el porcentaje asignado a las islas no capitalinas disminuye. Creemos que lo único que produce esta política es masificar aún más las islas más pobladas, cuya densidad de población empieza ya a ser excesiva. La participación se debe elevar en todos los programas: régimen especial en venta y alquiler, régimen general, autoconstrucción y viviendas a precio tasado.