J.J. Rodríguez-LewisPublicado en La Voz, nº 119, 19 de octubre - 3 de noviembre de 2000En un territorio como el de La Palma, que atesora unas características naturales preponderantes, parece responsable abogar por que la selección e implantación de infraestructuras se produzca de manera racional, cuidadosa y equilibrada, comprendiendo, en todo caso, la razón de ser de éstas como un medio para procurar la cohesión social e integración territorial de las islas, y como soporte del desarrollo económico de las mismas.
Por ello, en La Palma se deben seleccionar las actuaciones con principios de eficacia e integración, sabiendo que La Palma, como otras islas, tiene dos retos que cumplir en materia de infraestructuras, que deben compatibilizarse o simultanearse, como son, resolver los déficit infraestructurales históricos locales y procurar la estructuración territorial suficiente que permita materializar las potencialidades geoestratégicas de nuestro archipiélago a partir de escenarios ciertos.
La demanda de una mayor red viaria, debe modificarse por la demanda de una mejora de la red viaria existente. En general, La Palma y Canarias disfruta de una red viaria suficiente. No podemos obviar que el peso de las carreteras de Canarias en el territorio es de 0,90 Km/Km2, muy superior a Baleares (0,46) o al conjunto de España (0,65).
Por ello, el Cabildo Insular de La Palma, como Administración competente en materia de mantenimiento y conservación deberá hacer un esfuerzo en esta dirección y proponer que la inversión se dirija a mejorar los ejes básicos (S/C La Palma – Tazacorte y S/C La Palma – Barlovento), ampliando su capacidad y disminuyendo la incidencia que tienen sobre ellos las distintas conexiones que soportan. A su vez, su relación con los más importantes centros económicos y residenciales conviene resolverla con vías de circunvalación (S/C de La Palma y Los Llanos de Aridane). No obstante, toda actuación en esta materia deberá valorar el “ecobalance”, promoviendo asimismo la recuperación ambiental.
La dependencia de La Palma de su puerto y aeropuerto es absoluta: toda su actividad económica pasa por ambos. Por esta razón, su desarrollo es vital para el futuro de nuestra Isla. En esta línea, infraestructuras como la Estación Marítima de Pasajeros (recientemente construida con carácter provisional) o las que se derivarán del Plan Director del Aeropuerto (cuyo tráfico se acerca al 1.000.000 de pasajeros anuales), no pueden retrasarse más. Asimismo, debemos promover la inmediata construcción de un puerto comercial en el norte de Tenerife que, además de beneficiar esta zona de la isla hermana, constituirá un denodado impulso a nuestro desarrollo económico, al enlazar con rapidez ambas islas.
En esta dirección, la consolidación de las obras previstas en los puertos pesqueros de Tazacorte y Puerto Espíndola y la necesaria construcción de, al menos, dos puertos deportivos en la isla (Tazacorte y S/C de La Palma o Breña Baja) completarán un marco portuario ilusionante. Su gestión, acordada su no cesión temporal a los Cabildos, debe permitir la participación de éstos de forma decisiva (ente público).
Los contratos-programa que se suscriben con el único operador existente en la isla deben posibilitar la ampliación progresiva de las líneas de transporte terrestre regular, así como su adecuada periodicidad. La Estación de Guaguas en Santa Cruz de La Palma constituye la otra aspiración esencial en este sector, promoviendo asimismo campañas de uso del transporte público, mejorando su rentabilidad y favoreciendo la regeneración del medio.
En lo que respecta al transporte marítimo y aéreo, además de las citadas obras de infraestructuras, se debe insistir en una adecuada política de tarifas, que eluda la doble insularidad, y en un mejor marco de conexiones, especialmente referidas a la primera conexión aérea con Gran Canaria y al déficit en el volumen de carga de la primera conexión con Tenerife, proponiendo, incluso, contratos-programa en este transporte, de ser necesarios para garantizar determinadas líneas de servicio público esencial (incluido el transporte marítimo). En este sentido, se debe fomentar también el denominado Eje Transinsular del Transporte.
El Cabildo debe contribuir a extender la telefonía, tanto básica como móvil, la radio y la televisión (TVE y privadas) a todo asentamiento que reclame la extensión de la red y coadyuvar a que los medios locales palmeros ocupen un lugar en el espacio audiovisual que se legalizará próximamente.
Por otro lado, diversos análisis recientes sobre la penetración de la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en distintos sectores, coinciden en que la difusión de las mismas es todavía poco relevante. Por ello, resulta necesario desarrollar una cultura tecnológica a cuya formación debe coadyuvar el Cabildo de La Palma y los Ayuntamientos. Además, habrá de velar por la más rápida puesta en marcha y culminación del Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN) a ubicar en el Roque de los Muchachos.
El acceso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y, especialmente, el acceso a Internet, se está convirtiendo progresivamente en un elemento central de la cultura, el mundo del trabajo y el ocio en las sociedades avanzadas. Estas nuevas tecnologías brindan la posibilidad de superar determinadas barreras espaciales para el acceso a la información, por lo que resultan especialmente adecuadas para aquellos lugares, como La Palma, con una localización periférica. Es por ello que los bajos niveles de acceso a Internet entre los ciudadanos canarios son un tema preocupante por lo que pueda suponer en cuanto a la limitación de sus opciones laborales y formativas actuales y futuras, siendo especialmente relevante la familiarización de los escolares con esta nueva forma de informarse, formarse y relacionarse. En esta dirección, debe impulsarse un plan para facilitar el acceso a Internet, y su conocimiento, a todos los vecinos de la isla, convenido con los Ayuntamientos o a través de las propias oficinas o centros desconcentrados del Cabildo.
Quizás la capacidad de regulación para el abastecimiento y la interconexión de redes sean los aspectos donde la inversión debe incidir más, ampliando y mejorando asimismo las redes de saneamiento (hoy los servicios de saneamiento no superan lo equivalente a 54.000 habitantes). Se impone además una gestión profesional del Consejo Insular de Aguas y la culminación del Plan Hidrológico Insular, dado que es el instrumento adecuado para una mejor asignación de recursos.
La culminación de los proyectos de embalses, tan dilatados en el tiempo, y la necesaria mejora de los canales de conducción, completarán, con el conveniente estímulo para ahorrar en las técnicas de riego y para mejorar las redes de distribución urbana, una línea de actuación en esta materia que, a buen seguro, garantizarán nuestras reservas de agua durante largo tiempo.
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