viernes, 17 de noviembre de 2000

ALGUNOS APUNTES SOBRE LA BUROCRACIA INSULAR

J.J. Rodríguez-Lewis
Publicado en La Voz nº 117, 3-17 de noviembre de 2000

El modelo burocrático ya no responde a las necesidades actuales. La nueva legitimidad sobre la cual deben recomponerse las administraciones públicas es la prestación de mejores servicios a los ciudadanos. Se trata de un profundo y trascendental cambio de su sentido e identidad, así como de sus objetivos. Lo público no es del Estado sino del público y el servicio público es servicio al público, que debe ser prestado por quien mayor eficacia y eficiencia demuestre. En este sentido, la nueva administración insular debe abundar en la calidad total, que no es otra cosa que “prestar servicios que unen los compromisos adquiridos por los políticos con las necesidades del servicio de los usuarios y de la comunidad de manera económica, efectiva, eficiente y equitativa”. La calidad total es una filosofía organizativa integral que implica una mayor preocupación por el resultado final, por la importancia de la eficacia y la eficiencia, por la preponderancia del concepto cliente y de su opinión sobre la calidad del servicio y por la preocupación por el personal que se relaciona con los usuarios: ventanillas, teléfonos, servicios de información, etc.

La extensión de la actuación pública, la complejidad de los problemas a solucionar (el fortalecimiento de los Cabildos) y la calidad con que es preciso gestionar, exigen cambios radicales en la forma de dirigir las organizaciones públicas. En este contexto, debe generalizarse la utilización de técnicas gerenciales privadas perfectamente posibles en la gestión pública que, si bien no constituyen una respuesta universal a los problemas del sector público, sí que pueden realizar una aportación significativa a la resolución de algunos de ellos.

El proceso de descentralización culminado y las propias características del territorio canario, insular y fragmentado, hace aún más adecuado que en territorio peninsular la gestión ordinaria de los servicios periféricos de la Comunidad Autónoma por los Cabildos Insulares, en especial por los de las Islas no capitalinas, como La Palma. Este camino se inició con el artículo 40.1.c) de la Ley 14/90 en relación con los registros y hoy se desarrolla con el proyecto denominado “ventanilla única”. Ahora, se ha de llegar a la intercomunicación con los Registros de la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma.

La “desburocratización” o, si se quiere, la reducción y simplificación de los trámites administrativos que no afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos, es otro aspecto clave de este proceso de reforma y modernización administrativa. En este sentido, el Cabildo Insular de La Palma ha de impulsar políticas en esta dirección: análisis previo de procedimientos, para su posterior racionalización y normalización, y guía de procedimientos a instancia de parte, así como procesos de refundición y aclaración dirigidos a los ciudadanos sobre la propia Administración pública insular y las prestaciones que ofrece, con la edición de una guía de funciones y servicios y otra de ayudas y subvenciones. Asimismo, se ha de desarrollar la información ofertada al ciudadano a través de Internet. La Administración autonómica puede ser un buen ejemplo.

Toda esta política de modernización debe ser liderada y gestionada por un nuevo departamento de Organización y Calidad (quizás de carácter “staff”), encuadrado en el Servicio de Recursos Humanos, que resulta imprescindible acorde con la nueva cultura organizativa y de calidad total que se pretende, y que de alguna forma pondrá de manifiesto la clara vocación modernizadora del gobierno insular. Asimismo desarrollará una función de control interno de la organización (auditorías de gestión). En este sentido, la Sección de Organización y Calidad será la encargada de asegurar la correlación y coherencia entre los objetivos de la Administración insular y de cada una de sus Unidades, y las funciones y recursos necesarios para la consecución de dichos objetivos. Por otro lado, debe crearse una Sección de Análisis y Planificación Estratégica (de carácter “staff”) en el Servicio de Presidencia, con el objeto de diseñar y profesionalizar la toma de decisiones en el Cabildo Insular.

En este marco global de reforma y modernización de la Administración insular y de sus pautas de funcionamiento, el proceso de reforma organizativa de los recursos humanos es uno de los aspectos más relevantes, cuya importancia como motor y artífice del proceso es indudable. Por otro lado, y en cuanto al número de empleados públicos de la Administración insular, hay que concluir que, en términos generales, no es muy diferente al de otras organizaciones similares. Por este motivo, el debate numérico es probable que tenga que dar paso a otro de signo diferente y que se centre en el análisis de la ubicación correcta del mismo. Asimismo, habrá que hacer un esfuerzo de adaptación a la nueva situación derivada de la reciente culminación del proceso de descentralización, que ha producido un incremento notable del personal dependiente de esta Corporación, potenciando aquellos servicios horizontales que no han crecido proporcionalmente, como los de Intervención y Recursos Humanos, cuya financiación fue también transferida o delegada como costes indirectos del traspaso.

En el cumplimiento real del objetivo dirigido a la adecuada redistribución funcional y territorial del empleo público debe coadyuvar ineludiblemente la planificación general de los Recursos Humanos, como instrumento de dirección. En este línea, podemos indicar la importancia de los planes de empleo y de la oferta de empleo público. Entre las medidas más importantes para conseguir la ejecución de la planificación estratégica, destacan las relativas a la movilidad, especialmente reasignación de efectivos, al menos en sus “fases blandas”, de dimensionamiento incentivado y de promoción interna, así como la movilidad voluntaria interadministrativa.

Respecto de la gestión, las propuestas se presentan en dos grandes núcleos. En primer término, los instrumentos que se refieren al análisis de los puestos y su valoración como elementos esenciales de reflexión de la propia organización sobre los medios necesarios para realizar sus funciones. En segundo término, se trata de insistir en que los elementos de evaluación del desempeño y valoración del trabajo se conecten con la carrera del funcionario y con sus derechos –especialmente los de índole retributiva-. Es más, el Cabildo Insular deberá plasmar en las relaciones de puestos de trabajo las consideraciones que se deduzcan del análisis de los mismos.

“La formación constituye un elemento esencial en la estrategia de cambio de la Administración Pública, un factor básico para incrementar la motivación y la integración de los empleados públicos y un mecanismo eficaz e indispensable para articular la movilidad y la promoción.” En sintonía con las propuestas de reformas administrativas y de gestión de los recursos humanos, la formación del personal debe convertirse en pieza fundamental de este proceso de modernización que se propugna. En este sentido, el Cabildo Insular debe asumir los siguientes objetivos:

1. diagnosticar las necesidades de formación existentes en la Corporación y promover su organización o asistencia.
2. evaluar la calidad de las actividades docentes realizadas, así como el grado de participación; y valorar sus resultados en el desempeño de los puestos de trabajo;
3. desarrollar una labor formativa dirigida a los Ayuntamientos, y solicitar la creación de un Aula permanente del I.C.A.P. en La Palma, así como la realización de proyectos formativos a distancia.

Por último, se debe apostar por la negociación cooperativa o integradora, y la concertación, frente a la conflictiva o distributiva en el interior del Cabildo Insular. Si los negociadores actúan como adversarios o enemigos, su actitud es rígida, autoritaria y desconfiada, y si su objetivo es la mejora exclusiva de su interés sindical entonces el proceso desintegrador es irreversible. Contrariamente estas características deben ser sustituidas por las de cooperación, recíproca información, búsqueda del consenso y la mutua convicción del proyecto común que no es otro que la mejora del servicio público a los ciudadanos.

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