¿PERIODISTAS SORPRENDIDOS O TENDENCIOSOS?

Laín Ruiz
Publicado en La Voz de La Palma, nº 182, 13-26 de junio de 2003

En los últimos días, a raíz de los resultados de las elecciones locales recientemente celebradas, que lícita y democráticamente dejaron algunos ayuntamientos de la Isla sin mayorías absolutas, han proliferado comentarios de periodistas y aspirantes a serlo en los que se viene a denunciar –por antidemocrático e inmoral- los probables pactos entre fuerzas políticas no mayoritarias para obtener la alcaldía de un municipio y, por ende, el gobierno municipal, en detrimento de la fuerza política que haya obtenido el mayor número de concejales. Especialmente virulentos han sido los comentarios peyorativos vertidos sobre el supuesto pacto entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) para gobernar en el Ayuntamiento de El Paso, relegando a la oposición a Coalición Canaria (CC), nueva fuerza mayoritaria en dicho municipio.

Desde un principio, conviene recordar a estos periodistas o aspirantes a serlo que hace cuatro años un pacto similar, pero entre el PP y CC, arrebató la alcaldía del mismo municipio al candidato del PSOE, que había sido el más votado en las elecciones de 1999. Por aquel acuerdo, el periodismo palmero “no se rasgó las vestiduras”, como tampoco se las rasgó cuando, en 1996, el hoy ampliamente apoyado José Luis Perestelo accedió a la presidencia del Cabildo Insular de La Palma mediante una moción de censura, suscrita por CC y PP, para censurar con menos de un año de gobierno al presidente socialista Felipe Hernández. En este supuesto, ni tan siquiera el candidato alternativo (Perestelo) había encabezado la lista de su partido, por lo que tuvo que renunciar el candidato primigenio González Afonso, a la sazón expresidente del Cabildo Insular con Alianza Popular/Partido Popular. Es más, el propio PP obtuvo la alcaldía de Santa Cruz de La Palma en 1991 con un pacto “a la griega” o “a lo balear” para sustituir en la alcaldía al candidato de la fuerza política más votada (ICAN) en aquellos comicios. Item más,…

Por otra parte, también conviene no olvidar que el legislador electoral (LOREG), con base en la alternativa que ofrece la Constitución: “por los concejales o por los vecinos”, configura la elección del Alcalde como indirecta o de segundo grado; esto es, que al Alcalde no lo elige directamente el cuerpo electoral (éste elige a los concejales, salvo en los pequeños municipios que funcionan en régimen de Concejo Abierto), sino los propios concejales entre quienes hayan sido cabeza de lista. Lo que también lo distingue –dicho sea de paso- de la elección del presidente del Cabildo Insular, que se produce ex lege en la persona del que encabeza la candidatura más votada.

En consecuencia, el legislador ha optado por un sistema que exige que las mayorías se produzcan en el seno del Pleno del Ayuntamiento y no fuera. De haber querido que fuera de otra forma, el legislador electoral lo hubiera hecho, estableciendo, por ejemplo, el sistema previsto para los Cabildos Insulares. Por esta razón, se exige en una primera votación la mayoría absoluta de votos de los concejales, y sólo de no darse ésta, quedará elegido Alcalde ex lege el cabeza de lista más votado en las elecciones municipales. Por tanto, de un simple análisis del régimen jurídico de la elección de los Alcaldes se colige que resulta más lícito y legítimo un Alcalde apoyado por la mayoría absoluta del Pleno de la Corporación (que de hecho también supone la mayoría absoluta del cuerpo electoral a quien representa) que un Alcalde apoyado por la mayoría simple de los vecinos.

Por las razones apuntadas, la campaña de opinión realizada especialmente contra los concejales del Partido Popular en El Paso por cierta cadena de radio, a la que han seguido ciertos periodistas de prensa escrita y alguna plataforma por la “ética pública” (¿dónde estaban hace cuatro años?) no aguanta ni un “asalto” desde el valor del derecho y es, cuando menos, muy discutible, desde el valor de la justicia o de la ética. Es más, por lo manifestado por los que han suscrito el convenio de marras, el acuerdo se suscribió con antelación al pacto nacional o regional entre CC y PP. Por otro lado, desconcierta que estos periodistas no exijan el cumplimiento del referido pacto en Garafía, por ejemplo, puesto que este pacto se configura como un apoyo mutuo y recíproco singularizado en la fuerza política (de las dos, CC y PP) que haya obtenido un mayor respaldo electoral.

En definitiva, que aquí no parece que hayan buenos y malos, y si los hay, al menos por una vez, no serán los políticos (que hacen un uso lícito y legítimo del régimen electoral), sino los periodistas o aspirantes a serlo que confunden la información con la opinión, que utilizan la yuxtaposición en la noticia o no guardan la ética exigida en el enfoque de la misma, o que emiten juicios morales, sin dejar claro que es su propio juicio y no el del medio en el que lo hacen, y omiten intencionadamente datos (como los referidos en el presente artículo) o, en fin, que no son lo ecuánimes que exige la profesión. De resto, léanse, al menos, el prólogo de Joaquín Estefanía en el Libro de Estilo de El País (edición de 1990) y luego hablamos.