ALTOS CARGOS INTERMEDIOS

Políticos o profesionales
Durante algunos años (mientras se iban aprobando las distintas leyes de gobierno de las Comunidades Autónomas) se produjo una soterrada (por mantenerse en el seno de la organización) discusión sobre el nivel directivo que debía marcar la frontera entre los cargos estrictamente políticos, esto es, los que debían ejercerse por tales, y los cargos funcionariales, es decir, aquellos cuyos titulares habrían de tener la condición de funcionarios. Fueron los cargos de director general y de secretario general técnico a los que, con más frecuencia, se circunscribía esta cuestión, apostando los expertos por titulares profesionales para este nivel de la Administración y otros, los políticos, por que estos fueran de procedencia indistinta. La verdad es que algunas Comunidades Autónomas se inclinaron tímidamente por la profesionalización de este nivel, especialmente para las secretarías generales técnicas, aunque pronto desistieron ante la presión y el “overbooking” de los “políticos para todo” y de algunos politicastros. Otras organizaciones, por el contrario, crearon otros niveles en la administración, como el de las subdirecciones generales, que sí dejaron en manos de profesionales-funcionarios, aunque discrecionalmente designados.

La experiencia me ha enseñado que, con raras excepciones a la regla, los órganos políticos han de ser ocupados por políticos y los directivo-administrativos por profesionales (donde incluyo a los funcionarios). Y ya sabemos que la Ciencia Política y de la Administración nos señala que los órganos político-administrativos por antonomasia, los que se encuentran a caballo entre los órganos políticos y la Administración, son los ministros en el Estado y los consejeros en las Comunidades Autónomas. Por debajo de ellos, ya todo es Administración, por eso, a mi juicio, todos los cargos “políticos” (altos cargos) subordinados a aquellos deben ser desempeñados por profesionales, y digo profesionales, no funcionarios, porque tampoco considero que hayan de reunir esta condición (salvo los secretarios generales técnicos, donde esta condición, o cuando menos la de licenciado en derecho, me parece indispensable), me bastan con que sean expertos o profundos conocedores al menos del sector que han de gestionar. No me cabe en la cabeza que una consejería o ministerio pueda estar gestionado por “políticos” que no tengan absolutamente ni idea, ni por experiencia ni por formación, del área o sector que deben liderar o gestionar.

Si el consejero autonómico de turno, que puede no ser un profesional o experto de su ramo, encima se rodea de un equipo de “políticos” que desconocen su materia, el resultado difícilmente será satisfactorio o como mínimo habremos de esperar unos años para ver decisiones con cierta enjundia, y no mera administración burocrática. Es más, quizás sea aquí donde encontremos gran parte de la explicación de gestiones públicas la mar de erráticas. Si además este profesional-experto también es político, en el sentido etimológico de la palabra, esto es, un buen gestor de la cosa pública, entonces miel sobre hojuelas.

Lo mismo se debe demandar de determinados puestos directivos de la Administración Local, creados al amparo de la denominada “Ley de Grandes Ciudades” (lo que –dicho sea de paso- no es más que una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local). De nada vale que la ley se preocupe de crear una clase directiva local experta para mejorar la gestión de las Administraciones locales (y exija que sean funcionarios del grupo A u otro titulados superiores caracterizados por su experiencia y competencia en el sector), cuando los “políticos de turno” se obstinan es ocupar dichos puestos con “políticos” de nivel bajo sin experiencia ni conocimientos en la dirección que le asignan.

Lo cierto es que entre estos “políticos para todo” predominan los jóvenes letrados (en Canarias también los maestros y profesores) y otros licenciados “sin cartera”, lo que me recuerda lo que decía Pepe Rey, el sobrino de “doña Perfecta”, en la homónima novela de Galdós, sobre aquéllos (los letrados, pero extiéndase la referencia al resto de colectivos), a los que definía como la primera y más terrible plaga de España, para los que es necesaria una fabulosa cantidad de pleitos. Aún así, muchísimos se quedan sin trabajo, y como un señor jurisconsulto no puede tomar el arado ni sentarse al telar -sostiene-, de ahí proviene ese brillante escuadrón de holgazanes, llenos de pretensiones, que fomentan la empleomanía, perturban la política, agitan la opinión y engendran las revoluciones. De alguna parte han de comer, -sentencia-. Ahora bien –comulgando en la conclusión- “mayor desgracia sería que hubiera pleitos para todos”.