POLÍTICAS PARA LA MUJER EN LA PALMA

J.J. Rodríguez-Lewis
Publicado en La Voz, nº 112, 18 de agosto-8 de septiembre de 2000

Aunque es cierto que la igualdad de sexos es un derecho reconocido constitucionalmente (artículo 14), no es menos cierto que esta igualdad formal no se corresponde aún con una igualdad real. Por esta razón, se hace imprescindible en La Palma el desarrollo de determinadas políticas y actuaciones dirigidas a la consecución de esa igualdad real, promoviendo incluso políticas de discriminación positiva. El objetivo no es otro que conseguir que tanto aquellos organismos públicos y privados centrados en la problemática de la mujer (Instituto Canario de la Mujer, por ejemplo) como aquellas políticas como las que se presentan a continuación, en un futuro próximo, no sean necesarias. No obstante, acaso no deje de tener razón Ana Botella, mujer del Presidente Aznar, cuando en un entrevista reciente, afirmaba que la igualdad real hombre-mujer, prácticamente conseguida la incorporación de la mujer a puestos y responsabilidades propios de los hombres, no se alcanzaría definitivamente hasta que los hombres no se incorporasen asimismo a puestos y responsabilidades tradicionalmente propios de las mujeres.

Como presupuesto básico para lograr este objetivo, se deberán promover y desarrollar políticas transversales, es decir, que actúen en todas y en cada una de las políticas sectoriales, de forma global, incidiendo fundamentalmente en aquellos sectores en los que la mujer esté subrepresentada. En este sentido, se ha de fomentar y apoyar a la mujer palmera para que realice estudios universitarios medios y superiores de carácter técnico (también profesionales), así como impulsar de forma decidida el deporte femenino en la isla, más cuando la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte (artículo 3º) considera a las mujeres como colectivo de atención especial.

En el mismo sentido, las Administraciones insular y municipales deben promover la creación de centros de planificación familiar y de orientación profesional destinados preferentemente a la problemática de la mujer (sin excluir la asistencia que pudieran demandar los hombres) y propiciar la puesta en marcha de programas específicos que atañan al sexo femenino, de salud, sobre situaciones de marginación, sobre la mujer en el mundo rural, etc.

En esta dirección, la política de empleo ha de incidir en las causas y efectos de la tasa de desempleo de la mujer, con el objeto de reducirla, con políticas activas que contribuyan a este fin (programas de empleo, iniciativas empresariales, autoempleo, etc.). De forma complementaría, habrá de elaborarse una Guía Insular de Recursos para la Mujer.

Por otro lado, debe actuarse drásticamente sobre las situaciones de malos tratos, poniendo en práctica medidas formativas, informativas y de prevención activa (policía local) que tiendan a reducir, y erradicar si fuera posible, estas situaciones. Asimismo, parece necesario desarrollar proyectos de prevención, asistencia y apoyo a las familias monoparentales, especialmente a las madres adolescentes.

Para conseguir una mayor participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, se ha convertido en indispensable fomentar el asociacionismo entre mujeres, en especial aquellos colectivos que defienden los intereses y derechos de la mujer con este objeto, la informan de todos los temas que precisen y la forman, capacitándola para su integración y promoción dentro del mundo laboral. En esta dirección, quizás podría promoverse la creación de un Consejo Insular de la Mujer, como órgano consultivo y de participación sectorial en el organigrama del Cabildo Insular.

La Palma, por otro lado, debe convertirse en vanguardia en la aplicación y desarrollo del II Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, aprobado por la Comunidad Autónoma, y donde se trazan los ejes de actuación del conjunto de las Administraciones públicas canarias en esta materia.

No obstante, y como ocurre en otros casos, acaso sean las campañas de mentalización y sensibilización, es decir, las campañas dirigidas a concienciar a la población de que los hombres y las mujeres compatibilicen la vida profesional, favoreciendo el reparto de las tareas domésticas y relacionadas con el cuidado de la infancia, las que logren mayores y mejores resultados. De forma paralela, los proyectos formativos y las publicaciones con este fin completarían esta labor.

Ahora bien, la importancia de estas políticas no serían suficientes si no las culmináramos, como corolario, con una delegación específica en el Cabildo Insular que las gestionara, pero, sobre todo, que las impulsara. Por supuesto, con una mujer al frente.