REDUCCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

En las últimas semanas, alimentado por la crisis económica, el déficit que arrastran las Administraciones Públicas y las recientes medidas tomadas en Italia o Grecia, se ha recrudecido el debate sobre la conveniencia de reducir el número de municipios, en España y en Canarias. La propia FECAM (Federación Canaria de Municipios) no ha tardado en manifestarse en contra de dicha medida, aunque sin un análisis sosegado y profundo sobre sus bondades y debilidades. La verdad es que, en Canarias, el debate puede resultar un tanto ficticio, cuando no hace cuatro años que se constituyó un nuevo municipio, el de El Pinar (El Hierro), dividiendo la isla del meridiano, de apenas 270 kilómetros cuadrados y 11.000 habitantes (el municipio de Málaga, por ejemplo, tiene casi 400 kilómetros cuadrados y más de 570.000 habitantes), por segunda vez en el último siglo (el de La Frontera data de 1912).

Por otro lado -esto también es cierto-, en el contexto del Estado, Canarias no destaca precisamente por un acentuado inframunicipalismo. La provincia de La Palmas es incluso la de menor número de municipios del país (34) y la de Santa Cruz de Tenerife solo tiene un número mayor de consistorios que Álava, Murcia o Cádiz (54). También sabemos que en las Islas apenas existen municipios de menos de 1.000 habitantes (que representan, por contra, más del 60% de los 8.114 municipios españoles), de hecho sólo Betancuria (Fuerteventura) no supera esa cifra. A decir verdad, nuestro Archipiélago está muy lejos de provincias como Burgos (371 municipios), Salamanca (362), Guadalajara (288), Ávila (248), Zamora (248), Cuenca (238) o Teruel (236), que tienen casi más ayuntamientos que toda Italia.

Pero este simple análisis no nos puede llevar a engaño. Parece obvio que en islas como Lanzarote (7 municipios) o Fuerteventura (6 municipios, para una isla de 1.700 kilómetros cuadrados de extensión y más de 100.000 habitantes de población) no sobran ayuntamientos. Quizás tampoco en Gran Canaria (21) o Tenerife (31) -aunque no estén exentas de esta medida, tras el oportuno y riguroso estudio-. Ahora bien, no ocurre lo mismo con islas como La Palma, que -con menos de 90.000 habitantes y poco más de 700 kilómetros cuadrados- dobla en número de ayuntamientos (14) a Lanzarote, La Gomera, que dispone del mismo número de consistorios que Fuerteventura (6), o El Hierro, donde recientemente se ha creado, por segregación, un nuevo municipio.

Hasta ahora he sido un abanderado de mancomunar y consorciar servicios públicos (y lo sigo siendo, por descontado). Pero, en realidad, no he detectado en esta política una voluntad manifiesta de reducir la Administración y de ahorrar costes. Esta dirección, además, se ha encontrado siempre con las reticencias de alcaldes y grupos de gobierno recelosos ante la aparente pérdida de poder. Y cuando fructifica, muchas de estas nuevas estructuras (tengan en cuenta que no dejan de ser nuevos entes locales) se consolidan en el panorama administrativo municipal sin las lógicas y consecuentes simplificaciones en las administraciones de origen, incrementando entonces la presión del aparato administrativo sobre el ciudadano en lugar de "aligerarlo". Y esto, claro está, no ocurriría si de lo que se tratase fuera de la fusión de municipios limítrofes o de la incorporación de unos municipios a otros.

Hoy la supresión, fusión e incorporación de municipios (también su creación o segregación) es competencia de los cabildos insulares. A mi juicio, y sin prejuzgar las conclusiones, resulta casi obligado que al menos nuestros cabildos debatan esta cuestión y que, además, lo hagan con rigor y sin apasionamientos. Se lo debemos a los vecinos.